LÍNEAS BÁSICAS DEL PROGRAMA DEL PARTIDO SOCIAL DE LA
JUSTICIA
FINANCIACIÓN PSJ (Transparencia)
· La transparencia del PSJ será total,
su financiación se basará exclusivamente en las cuotas de los militantes y en las donaciones particulares, fundamentalmente
de empresas nacionales o extranjeras que no tengan intereses económicos con la
administración en España. Especialmente vigilaremos las donaciones de empresas
que han recibido trato de favor por parte de la administración en términos de
contratación pública.
· El partido también se financiará con
donaciones de países amigos que apoyen por identidades comunes el programa del
PSJ y sus reformas.
· La transparencia será absoluta. Se
pondrá en la página web del partido un apartado en la que se actualizará
semanalmente sobre todos las ingresos del partido y se hará constar su
procedencia. Este apartado se denominará “portal de transparencia”.
· Esto quiere decir que todas las ayudas
o donaciones que reciba el partido no estarán condicionadas a ningún tipo de
compromiso o favor político. El partido se reserva la facultad de llevar a cabo
campañas de financiación a través del “Crowdfunding” o cualquier otro medio de
financiación que la ley permita.
EDUCACIÓN
A) EDUCACIÓN PÚBLICA
· La educación será totalmente gratuita desde el inicio del
ciclo hasta la universidad (ésta incluida). También por parte del Estado,
se otorgarán becas de estudio en el extranjero, y una mayor formación en los
conocimientos prácticos y teóricos, respecto de los alumnos o estudiantes que
por sus calificaciones académicas, capacidades y aptitud, reúnan las condiciones
de idoneidad. Éstas serán concedidas por los propios órganos docentes. La
educación pública llevará consigo el apoyo al estudiante mediante la entrega de
libros y material escolar de forma totalmente gratuita. Además se facilitará desayuno,
comida y merienda a todos y cada uno de los alumnos que así lo soliciten sus
padres o tutores legales (Hasta el bachillerato). En casos de extrema necesidad,
se proporcionará cena a los alumnos que por las circunstancias económicas
familiares, no puedan garantizársela. También, todos los centros tendrán una
serie de actividades hasta una hora que en un principio estableceremos las 20:00
horas. Durante el horario no lectivo, los alumnos podrán realizar sus tareas en
el centro, actividades lúdicas y deportivas, en los casos que se acredite por
parte de los padres que por problema de horario no puedan hacerse cargo de sus
hijos debido a su horario de salida de trabajo u otras razones similares. En
último lugar se promoverán la creación de equipos deportivos a nivel local, ya
que pensamos que el deporte y la actividad física, contribuye a un correcto
desarrollo físico y social.
B)
EDUCACIÓN PRIVADA
· Todos los españoles tendrán el
derecho a elegir el tipo de centro educativo que quieren para sus hijos. También
podrán llevar a sus hijos a centros privados. En estos casos, debido a que se
acredita por el propio hecho de acudir a estos colegios, la alta capacidad
económica de estas familias. El centro privado, tendrá que pagar, una serie de
tasas al estado, que incrementará las cuotas mensuales a la familia del alumno.
Esta tasa que se denominará “tasa
privada educacional”, podrá estar entre los intervalos del 5% al 20% del
precio de la mensualidad del colegio privado y servirá para financiar y mejorar la educación pública.
· En todos los centros (públicos y
privados), habrá libertad absoluta sobre la materia de religión, pudiendo
elegir los alumnos la religión que quieran conocer. Entendiendo, que esta
materia será única y exclusivamente formativa. en ningún momento podrá ser
obstáculo para la aprobación de requisitos exigibles, ni para poder superar las
pruebas del curso.
C)
EDUCACIÓN EN LAS AUTONOMÍAS
· Como primera medida, trataremos de
devolver parte de la competencia en educación al estado, dejando exclusivamente
a las CC.AA la potestad organizativa. De este modo, realizaremos un plan general de estudios que será el
mismo para todo el territorio nacional, favoreciendo así la cohesión y lazos
entre regiones. En Cataluña, País Vasco y Galicia, la educación será bilingüe,
pudiendo ser recibida tanto en los centros privados como públicos, además de
mantener en los planes de estudio las características y singularidades de sus
regiones.
· De todas formas, en las autonomías que
mantengan una lengua bilingüe, la principal siempre será la del castellano y
nunca se podrá excluir y privar al alumno del derecho a recibir la educación en
castellano. Por otro lado, se imitará la medida de la Comunidad de Madrid, de
promover la creación de centros bilingües públicos en los que se den clases en
inglés y castellano por igual.
D)
EDUCACIÓN CONCERTADA
· La educación concertada será
suprimida, dejando exclusivamente educación pública y educación privada. De este modo, se evita
que financiación en materia de educación caiga en manos privadas y sirvan a
otra serie de intereses que no sean lo de educar.
E)
PLANES DE ESTUDIO
· Los planes de estudio de acuerdo a la
normativa que establezca el ministerio correspondiente, serán idénticos en la
pública y en la privada, no teniendo mayor excepcionalidad a favor o en contra
de ninguna de ellas, con lo que favoreceremos una verdadera igualdad de oportunidades.
REFORMA DE LA JUSTICIA
· Si en algo están de acuerdo los profesionales
del derecho y una amplia mayoría social, es que la justicia en España no funciona correctamente. Se aplica de forma
parcial y arbitraría. Muchas veces, usándola con fines políticos. Igualmente
hay que reconocer que el nivel de formación de los que componen el poder judicial
desde los juzgados, jueces de instrucción hasta el propio Tribunal Constitucional,
tienen un nivel que está, muy debajo del nivel medio de Europa y de muchos
países de América. Además se encuentran muy politizada.
La reforma
respecto a la Justicia por parte del partido seria total y se basaría en los
principios siguientes:
· Partiendo en que la justicia es un derecho del pueblo español y que los funcionarios de
la administración de justicia son meros administradores de este derecho.
· Respecto a los Jueces de todos los
órganos judiciales, se les sometería a todos cada dos años a unos exámenes psicológicos y psiquiátricos
para comprobar que sus facultades mentales están en condiciones de poder
administrar de forma imparcial la justicia.
· Igualmente, por un grupo de expertos
que nombraría la cámara de diputados, se crearían comisiones para someter a los
actuales miembros del Poder Judicial a una serie de pruebas, para poder
comprobar su preparación y actualización respecto a la función que desarrollan.
En el caso de los componentes de la administración de justicia, no superen
ninguna de estas dos pruebas, se procedería de forma inmediata al cese del cargo
que desempeñan, además de los derechos que tuvieran adquiridos por dicho cargo.
· Para cubrir las nuevas plazas, se establecería
un sistema mixto. En primer lugar, se convocarían unas oposiciones para los candidatos
a ocupar la plaza en un número doble de candidatos para las que se tuvieran que
cubrirse.
· Respecto a todos estos candidatos, se
sometería a votación popular, la elección de ellos, siendo el pueblo, el que elija
a sus jueces. Damos por hecho, que todos ellos con anterioridad pasarían,
exámenes psicológicos y psiquiátricos para poder o para conocer si están en
condiciones de administrar justicia.
· Los miembros del órgano de los jueces, serían elegidos en listas abiertas
por votación popular.
El juez, por la función que desarrolla, tendría prohibido la afiliación a
ninguna asociación judicial, ya que no existirían, ni tampoco a partidos
políticos. Además de limitar su capacidad jurídica en otros ámbitos
mercantiles, por lo que tendrían que tener una verdadera dedicación exclusiva a
esta tarea.
· Cualquier miembro de la judicatura
que ocupara un cargo político, a partir de ese momento, no podría volver a la
administración de justicia. Lo que evitaría la manipulación existente por parte
de los partidos políticos correspondientes.
· Los órganos de gobierno, así como el
presidente de los tribunales superiores de justicia, de la audiencia
provincial, juez decano y miembros de las salas del Tribunal Supremo, serían
elegidos por el pueblo, designados previa propuesta de los tribunales que
fueran a optar por el consejo general del poder judicial. Siendo también el
presidente del consejo del poder judicial, después de ser examinada la persona
cualificada que optase al cargo, está tendría que ser aprobada por el Senado y
la Cámara de Diputados, además de su publicación en el boletín oficial del
estado (B.O.E).
· Dentro de esta reforma de todo el
poder judicial, habría que crear por parte del ministerio de justicia,
comisiones de codificación, para la propuesta al gobierno de las leyes, tanto
orgánicas, como de cualquier otra índole de aplicación en la administración de
justicia.
· Respecto a la secretaria general de
instituciones penitenciarias, volvería a ser un organismo dependiente del
ministerio de Justicia. En leyes aparte, se legislaría sobre la composición del
funcionariado, su aplicación y la formación de los equipos técnicos para la
reinserción social, integración en la sociedad, de las personas que hayan
delinquido.
· En los delitos económicos, siempre
que no sean de corrupción, habrá que buscar las formas más idóneas de recuperar
las cantidades defraudadas como fin principal, y en ningún momento, considerar
que la solución es la aplicación habitual de la privación de libertad. Tratando
de buscar el resarcimiento económico y la imposición de multas para todo tipo
de delitos.
· Así mismo, los delitos de corrupción,
torturas y malos tratos por las fuerzas de seguridad, no tendrán ningún
beneficio penitenciario. Tendrán que cumplir sus penas en su totalidad en
centros carcelarios diseñados a los efectos de obtener el resultado deseado,
que será la recuperación del daño causado y la ejemplaridad a los efectos
correspondientes. No tendrán derecho a la aplicación de ningún indulto, e
igualmente no habrá prescripción respecto a este tipo de delitos. Consideramos
que el delito de tortura por parte de cualquier cuerpo de las fuerzas de
seguridad podría contemplarse la posibilidad de promover ante las instituciones
internacionales correspondiente, la tipificación de este delito como crimen de “lesa humanidad”.
· Dentro de toda esta reforma judicial,
el Partido Socialista de la Justicia, plantea la desaparición de la Audiencia
Nacional. Al entender que es un tribunal
especial, similar a los tribunales especiales de la dictadura franquista, y por
considerar que todos los delitos que ahora son competencia de ellos, podrían
ser juzgados por los tribunales que de acuerdo al lugar donde se produzcan, por
el tribunal correspondiente, cumpliendo el derecho a que todo ciudadano tenga
su juez predeterminado por ley. Evitando lo que ocurre en la Audiencia
nacional, un órgano politizado y que habitualmente, muchos miembros de ella
reciben sobres de fondos reservados, lo que les crea una dependencia económica
con el propio gobierno, además de una aplicación arbitraria de la justicia.
· Igualmente en esta reforma completa
de la justicia, suprimiríamos los jueces de paz, ya que son legos en derecho y
pensamos que un graduado o licenciado en la materia podría realizar su cometido
de forma más eficaz.
· Respecto a los colegios de abogados,
como organismos privados tendrán la obligación de contribuir al funcionamiento
de la administración de justicia, y sobre todo en defesa de los derechos
constitucionales del ciudadano a realizar esa función, por lo que se conoce por
el turno de oficio.
· Igualmente para que esa función tan
importante como es defender los derechos constitucionales del ciudadano y sobre
todo a las personas que carecen de medios económicos para la designación de un
abogado particular, tendrían que pagárseles
dignamente e igualmente (ya que pensamos
que esto es un hándicap para el afectado, al desincentivar que el abogado
realice una buena defensa), no a los 6 o 9 meses de realizar su trabajo, sino
de forma mensual, y estableciendo unos honorarios mínimos. También está en
nuestro proyecto, siguiendo las experiencias de países como EE.UU, Argentina,
etc. suprimir el “turno de oficio” por parte del colegio de abogados y crear un
cuerpo dependiente del ministerio de justicia que se le denominaría “Defensor oficial”, que sería designado
mediante oposición y que no podría
llevar ningún asunto a nivel particular. Su dedicación seria plena y exclusiva
como defensor oficial de oficio, estando integrado físicamente su despacho en
los distintos organismos oficiales (como prisiones, juzgados…) y a plena disposición de ellos.
· Los órganos del Defensor Oficial, así
como su dirección, serían elegidos para mantener una total independencia política
de organismos oficiales.
· Para optar a poder entrar en este
nuevo cuerpo creado, las exigencias serian en tener más de seis años de ejercicio
profesional como abogado, además de acompañar el currículum, la oposición a
realizar, un historial detenido, de los pleitos en los que han participado.
SANIDAD
· La sanidad será universal, pública y gratuita, estarían incluidos todo tipo de
tratamientos entre ellos, incluidos algunos que en la actualidad no se cubren
gratuitamente. Los tratamientos dentales de cualquier tipo se realizarán forma
gratuita. Debido a que gran parte de la población por falta de medios carecen
de ella o tienen enormes problemas. Además incluiríamos la cirugía estética en
ciertos casos de extrema necesidad por accidentes o problemas de salud.
· Igualmente, se establecería un límite de días para atender al ciudadano,
que no podría superar los 8 días por ley. Siempre que no fueran enfermedades
graves, que necesiten una intervención inmediata, aunque no puedan ser
considerados con los servicios de atención por parte de las urgencias.
· Se facilitará a todos los enfermos de
hepatitis C u otras enfermedades de inmunodeficiencia, todos y cada uno de los
medicamentos necesarios, tanto para su tratamiento, como para las
investigaciones en los casos de enfermedades extrañas o raras.
· Igualmente, la medicación a todos los
ciudadanos que sean asistidos por la medicina pública, será absolutamente
gratuita.
· Así mismo el estado recuperaría parte
de las competencias en sanidad, dejando a las CC.AA la potestad organizativa,
se eliminarían los copagos o cualquier tipo de prepago, se aumentaría la oferta
de medicamentos en las farmacias, pudiendo solicitarse medicación para
tratamientos concretos.
· Se habilitaría un servicio público de
distribución de medicamentos, además se crearían centros de investigación con
capital exclusivamente público para proveer e investigar medicamentos para la
sanidad pública, reduciendo costes, tanto para el estado, como para el
ciudadano en sus medicinas y tratamientos.
· Reconocemos el derecho del ciudadano
a acudir a prepagas y a la medicina privada, pero tanto, los afiliados, a las prepagas,
como a la atención a la medicina privada, llevarían una tasa adicional o
impuesto que por parte de está tendría que abonar al ministerio de Sanidad para
ser aplicada en mejorar la sanidad pública.
· Entendemos que todas estas personas
que abonan prepagas y acuden a la medicina privada, se pueden considerar
personas dentro de un nivel de riqueza o de posibilidades económicas altas, razón
por las que tienen que contribuir a mejorar con ese impuesto la sanidad
pública.
REFORMA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
·
Admitiendo
que la CE fue y es un modelo como texto legal, hay que admitir que los años, en
algunos puntos ha quedado caduca. Entre estos puntos destaca el tema de las
autonomías.
·
Como
prioridad, nunca hay que permitir que una autonomía ponga en peligro la unidad
del estado español. En el caso concreto de toda la campaña independentista y
soberanista de Cataluña, actuaremos con la mayor dureza que sea necesaria.
Reformando el CP, la CE, y cualquier normativa necesaria. En el caso de que
algún presidente como el caso de Artur Mas y compañía, pretendan romper la
unidad de España, el Estado debería poder actuar con la máxima dureza. Tanto es
así, que el gobierno de la nación, aunque ya está previsto en la CE (en su
artículo 155), podría hacerse cargo de la autonomía, nombrando un delegado de
gobierno hasta nuevas elecciones para presidirla, disolver el parlamento y
organismos correspondientes.
·
Así
mismo, a los responsables del intento secesionista, se procedería de forma
inmediata a su detención por un delito de sedición contra la patria. Entendemos
que no solamente se producen estas circunstancias por el hecho de pretender a
llevarla a cabo mediante hechos concretos, sino que sería suficiente para la
intervención, las manifestación y acuerdos, entre diversas fuerzas de la
autonomía para conseguir ese propósito, lo expresado anteriormente, sería de
aplicación inmediata, no sólo a la autonomía de Cataluña, si no cualquier otra
autonomía que pudiera poner en peligro la unidad de la patria.
·
También
sería el momento, de examinar las competencias entre las CC.AA y el estado,
respecto algunos elementos parciales o completos de las transferencias de todo
tipo, incluidas las fiscales, del gobierno de la nación a las autonomías,
quiere decir que en algunos casos limitar y en otros aumentar, de acuerdo a las
circunstancias y casos concretos.
REFORMA
CONSTITUCIONAL
·
Dando
por hecho, que la gran mayoría del pueblo, está conforme, con el mantenimiento
de la forma del estado, es decir, la monarquía parlamentaria, también hay un
amplio sector de la ciudadanía, que prefiere otra forma de estado, la de la
república. Argumentan que tanto en los
tiempos del Rey Juan Carlos I, como del actual, nunca han sido sometidos a un
referéndum o plebiscito para conocer la opinión de la población del pueblo
español. Por lo cual entendemos, que aunque consideramos que la fórmula más
adecuada para España es la de la institución monárquica, debe de ser sometido,
mediante referéndum, para que el pueblo español muestre su sentido de forma con
absoluta libertad.
·
La
reforma constitucional , aparte de lo anterior debe acometerse, sin ningún
miedo al resultado que puedan producirse , en los distintos puntos que se
sometan a referéndum, tanto los respecto a la forma de estado, sucesión,
autonomías, fiscalización (unión fiscal), o cualquier punto que debido a los
años, haya podido quedar obsoleto o caduco.
·
La
reforma constitucional, tendrá que ser propuesta por el gobierno, a través de
un informe de expertos constitucionalistas y en la que estará integrada la
citada comisión de integrantes de todos
los partidos políticos que tengan representación parlamentaria, para su
posterior aprobación en el congreso y senado, siendo suficiente en este caso la
mayoría absoluta.
·
En
nuestro programa electoral antes de las elecciones detallaremos, punto a punto,
lo que consideramos lo que debía ser sometido a referéndum. Si gobernamos se
celebrarán con un calendario responsable y asumiendo sus consecuencias como un
compromiso político.
·
Propondríamos
reformar la ley electoral, en los términos siguientes:
·
El
candidato del partido que gane las elecciones, si no consigue mayoría absoluta,
ir a una segunda vuelta con el
segundo más votado, aplicándose esa medida en las elecciones locales,
autonómicas y generales. De esta forma evitaríamos los compadreos y los pactos
de perdedores, los cambios de ficha y toda actividad que va en contra de la
voluntad popular.
FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SINDICATOS
· Sabemos que con esta medida tendremos
a todos los partidos políticos en contra, ya que van a hacer todo lo posible
por mantener su estatus. Además de los
sindicatos en contra, pero creemos que nuestra democracia se merece dar un paso
de gigante en esta materia. En primer lugar eliminaremos todo tipo de
financiación pública de partidos políticos y sindicatos. Sin importar su
resultado en las elecciones, o el número de votos que hayan recibido, con lo
que promoveremos que se acuda a la política por capacidad y por una verdadera vocación de servicio público.
· Por otro lado, creemos que las
agrupaciones sindicales han perdido todo su sentido y se encuentran obsoletas.
Funcionan de forma sectaria como arma política, especialmente por parte de
partidos de la izquierda. Parece que les importa más mantener su estatus de
privilegiados que los derechos de los trabajadores que han ido menguando
durante la crisis. Por estas razones proponemos que se financien con las cuotas
de sus militantes y reciban donaciones de sus simpatizantes.
EMPLEO
·
El
partido socialista de la justicia, se comprometería aparte de continuar con las
reformas realizadas por el PP, con algunas modificaciones para disminuir la
rigidez de la austeridad en los salarios llevada a cabo por el partido popular.
De esa forma conseguir, unas mayores posibilidades para las inversiones y la
creación de los puestos de trabajo. También abriría una posibilidad los acuerdos
que tendríamos firmados antes de las elecciones para las personas en paro que
desearan acogerse a esta opción, con la que reduciríamos el paro en alrededor
de 1 millón y medio en un año. Esta propuesta se llevaría a cabo mediante convenios bilaterales, concretamente
con Argentina, Bolivia, México, países con los cuales nos hemos reunido y
negociado en diversos sectores y materias. En estos países cuyos índices de
paro, son inexistentes y con una alta tasa de crecimiento económico. La
necesidad de estos países, respecto de mano de obra especializada, haría
posible, mediante la concesión de residencia y permiso de trabajo, facilitarles
los puestos de trabajo, que podrían cubrir sobradamente sus necesidades, tanto
en el país, donde estén prestando su trabajo, como en el mantenimiento de sus
familias, en el caso de que ellas se quedaran en España. Los convenios con los
países los tendríamos cerrados antes de las elecciones y oscilarían entre
millón y medio de puestos de trabajo, que aunque fueran lejos de la patria, en
la situación económica actual de España, serviría para acabar con el drama
social por el que están pasando muchas familias con todos o algunos miembros de
la familia en situación de desempleo y extrema necesidad.
·
Siguiendo
este tipo de políticas, también a través de algunos de estos países podríamos
conseguir inversiones en el territorio nacional, lo que daría consigo a un
aumento de mayores puestos de trabajo. Entendemos que España, tiene muchas
posibilidades en el mercado latinoamericano, siendo España un lugar preferente
para inversores extranjeros y esta circunstancia habría que impulsarla de forma
urgente y facilitando si fuera necesario las reformas legales que correspondan.
·
Hay
que tener en cuenta la enorme cantidad de parados jóvenes, que acaban de
terminar sus estudios y en los cuales no tienen compromisos de tipo familiar, que
mediante lo expuesto anteriormente podrían ocupar cargos de responsabilidad en
esos países. En los momentos actuales, tal y como está la situación económica
del país, lo que no tiene sentido alguno, es pensar que nuestro único índice de
ingresos es el turismo o sector
servicios, hay que buscar alternativas , para que los inversionistas inviertan
en otros sectores.
·
El
Partido Socialista de la Justicia establecería dos tipos de salario mínimo dependiendo de la jornada laboral que se
realizase. En primer lugar señalar que la jornada máxima de trabajo se
establecería en 8h, sin embargo, por mutuo acuerdo de los trabajadores y
empresarios, se podría ampliar ese horario. Esto conllevaría una serie de bonificaciones o
pagas extra para el trabajador, que debería recibir el doble de lo que recibe
en una hora normal. En ningún caso se podrían superar más de 2 horas extra al
día, por tanto la jornada máxima a cumplir sería de 10 horas. El salario mínimo para la media jornada sería
de 800 euros al mes. Por la jornada
completa el salario mínimo seria de 1600 euros. Esta medida la llevaremos
mediante una relevante reducción del importe de las cotizaciones de la
Seguridad social por parte del empresario, lo que supondría un incremento de
los salarios. Si en algunos de los casos no se llegase a ese salario mínimo, el Estado estaría obligado a abonar un
complemento salarial hasta llegar a los mínimos señalados anteriormente.
·
También,
haríamos una reforma profunda respecto a
las leyes laborales. Tales como suprimir contratos temporales y sustituirlos por
contratos de prueba, en los que al finalizar un periodo se conviertan en
contratos indefinidos pues de esta forma llegaríamos a un modelo en el que empresarios y trabajadores
puedan conocerse y ver si la relación laboral funciona. Debemos ser conscientes
y conocer la realidad del paro. También sería necesario acabar con el contrato
basura que es la mera explotación de una situación económica en la que se encuentra
España. Erradicaríamos las prácticas del falso autónomo y castigaríamos con
dureza a las empresas que cometan delitos contra el derecho de los
trabajadores.
·
Las
prestaciones por desempleo, a través
de estos contratos indefinidos, también se podrán disminuir las prestaciones
por desempleo, y que sólo las recibirían las personas que legalmente les
corresponda. Estas prestaciones que habrá que equipararlas al salario que
tenían y que durante el periodo de cobro del desempleo, deberán realizar
actividades sociales en beneficio de la comunidad para que de esta forma acabar
con el parado encubierto y demás fraudes a la seguridad social, en una palabra,
de acuerdo a la preparación de la persona que se adscribe al paro, habrá que
proponerles tareas acorde a sus posibilidades. Las personas que no tengan la
preparación suficiente, tanto que se habla de la suciedad de las ciudades, del
tema ecológico, que presten su trabajo como compensación al dinero que reciben
por el desempleo.
·
Y
como una forma de acabar con la corrupción en las contratas de los órganos de
la administración local y también del estado, se llevarían a cabo trabajos a
través de las personas que están desempleadas, así como cooperativas expresas
con unas limitaciones que habría que establecer para que asumieran las
funciones que muchas empresas de servicios externalizados de tratamiento de
residuos y limpieza, realizan actualmente. Son un foco de corrupción en materia
de contratación pública y la función que realizan en enormemente deficiente.
·
Debido
a que la pirámide poblacional, en la que se pone de manifiesto un claro
envejecimiento de la población y al riesgo de futuras crisis económicas, vemos
como un riesgo innecesario que se use la hucha de las pensiones para financiar
al propio estado a través de la deuda pública. También vemos innecesario que se
haga asumir riesgos a los pensionistas y ahorradores, promoviendo que los
ciudadanos se hagan planes de pensiones privados desde instituciones como el
banco de España. Creemos que esto no es ninguna solución, creemos que el modelo
está claramente mal diseñado y que es inviable en el medio plazo (10-20 años).
Por ello cambiaríamos un a sistema de
cotización acumulativo, es decir, en el que la cotización del trabajador se
acumulase, de forma que el estado garantice las pensiones. Este modelo se
introduciría de forma gradual, ya que no se pueden dejar de abonar las
pensiones actuales, por ello el cambio debería ser progresivo, formando unos
cimientos sólidos. Introduciéndolo de forma proporcional a lo largo del tiempo
evitaríamos la retroactividad (Proyecto de mayor plazo, que exige un pacto de
estado para garantizar ahorros y pensiones). También incorporaremos medidas de
protección del ahorro y el pensionista. Evitando la creación de planes de pensiones privados. La hucha de las
pensiones está en deuda pública, lo cual
constituye un riego muy grande para el pensionista. Ligando la inflación a las cuotas de
cotización, evitaríamos la pérdida del poder adquisitivo a lo largo del tiempo.
·
Daríamos
preferencia de la contratación a los parados de larga duración en plazas de
empleo público. El estado dará preferencia en contrataciones interinas, siempre que cumplan unos requisitos
determinados.
VIVIENDA Y URBANISMO
· El estado, mediante iniciativa
pública deberá facilitar viviendas sociales a las personas que no tengan ningún
lugar donde vivir. Se construirán bloques
de vivienda social en las zonas más necesarias. En esta medida el Estado
destinará todos los recursos necesarios para hacer que el derecho a la vivienda
sea real y esté garantizado por ley. Para la financiación de este objetivo, se
deberá crear un impuesto, para las personas con más poder adquisitivo y que
tengan más de una vivienda en propiedad. El procedimiento por el cual se
entregarán estas viviendas de orden
social se deberá establecer mediante una serie de requisitos a efectos
preferenciales como personas dentro del núcleo familiar, personas con desempleo
prolongado, e igualmente personas, con discapacidad, personas con hijos a
cargo, personas joven con difícil acceso al mercado del alquiler, etc.
· Por otro lado, entendemos la
preocupación de los ciudadanos con una vivienda en propiedad. La propiedad
privada será inviolable, incluso por el propio Estado o Administración, siempre
y cuando no se demuestre un interés social relevante o algún tipo de infracción.
· Los desahucios se llevarán a cabo
siempre con la mayor brevedad posible en los casos en los que el dueño legítimo
de la vivienda se vea privado de ella por la fuerza. Los inquilinos de mala fe
no tendrán derecho a permanecer en la vivienda ni un día más que el plazo que
señale un juez.
· Cuando un desahucio se produzca por
el impago de una obligación de crédito de mala fe, dicho crédito será anulado
por engaño o estafa, siempre que pueda ser demostrada o sea evidente la mala fe
del prestamista.
· Si el desahucio se produce por el
impago de una hipoteca, las entidades bancarias deberán negociar con los
propietarios hacer un impago temporal que se aplicaría de forma inmediata si el
inquilino fuera totalmente insolvente en el corto plazo. Por ello, tanto el
propietario del inmueble como la entidad bancaria deberán negociar en igualdad
de condiciones mediante mediadores, las futuras condiciones que podrán incluir
desde quitas, reducción de intereses, pagos aplazados a 10 años, etc. Si el
inquilino actuase de mala fe, se procedería al desahucio en un plazo de tres
meses sin derecho a indemnización. Si la entidad bancaria actuase de mala fe
mediante cláusulas abusivas u otro tipo de engaños, se procederá a la exención
de la deuda total que el propietario hubiera contraído.
· Así mismo, para poder llevar este
objetivo, se utilizarán todos los decomisos de asociaciones ilícitas o mafias
dedicadas al tráfico de drogas, así como el dinero proveniente del delito y la
obtención de la venta de las propiedades, además de todas las cantidades de
personas que estén condenadas por corrupción.
· También habrá que tener en cuenta a
los efectos de estas viviendas sociales, la creación de un impuesto que grave
las compras de inmuebles superiores a los del precio medio de mercado, es
decir, la vivienda de lujo.
· Se prohibirá que cualquiera de estas
viviendas sociales puedan pasar a manos
privadas, por venta de los adjudicatarios, hecho que se tipificará en el nuevo
CP como delito.
· Además de todas estas medidas,
creemos que para evitar que los ayuntamientos sigan siendo un nido de
corrupción en materia urbanística, nos plantearíamos la creación de un nuevo
ministerio, quitando la competencia a ayuntamientos y CC.AA y uniéndola en una
única, a nivel estatal con delegaciones por provincias.
SERVICIOS SOCIALES
· El Estado, mediante acuerdos y
medidas legislativas, deberá llevar a cabo reformas que permitan que los
servicios básicos como el agua, luz, gas, el pago esté en relación a una serie
de factores: la vivienda, teniendo en cuenta, el valor catastral de esta, lugar
donde se encuentre situada, etc. Es decir, que el precio de estos servicios irá en proporción de poder adquisitivo de
cada persona. Así mismo incrementando en una cantidad fija a establecer el
impuesto que deberán las grandes empresas para contribuir a esta iniciativa.
· Así mismo, el Estado, aparte de lo
hablado anteriormente sobre el desempleo, establecerá planes sociales de apoyo económico para familias en casos extremos
de forma temporal, hasta que cese esa situación. Dentro de estos puntos básicos, el estado
tendrá la facultad de incautar las propiedades de los grandes terratenientes,
las cuales las tengan sin actividad alguna (agrícola, ganadera, etc), propiedades
que se podrán considerar desde el momento de su incautación como tierras
fiscales, pudiéndose entregar con licencia a ciudadanos desempleados, para que
a nivel de cooperativas se exploten. También por parte de los
ayuntamientos y comunidades, promocionar
los talleres, para poder realizar manualidades y artesanías, para poder vender
tanto en el exterior como en las rutas turísticas de la zona. Favoreciendo una
industria local, facilitando los ayuntamientos y las comunidades, lugares donde
asentar a estos artesanos para poder vender sus trabajos de manera regulada.
· La creación de asilos para ancianos
en condiciones dignas y que cumplan todas las condiciones, para que estas
personas, puedan disfrutar los últimos años de su vida dignamente, y así poder
suprimir el negocio fraudulento , que en la actualidad se produce, sobre los
asilos de ancianos privados, que en su mayoría de las veces , los tienen de
forma indigna, sin asistencia médica… y que a muchos de ellos les hacen firmas
hasta las cesiones para cobrar, las pensiones completas, y firma de
propiedades.
PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER
MALTRATADA
La protección a la mujer maltratada
será completa. Se les proporcionará alojamiento, una renta mínima de 800€/mes.
En los casos en los que haya menores
por medio, se incrementará la renta mínima en 500€/ hijo. Se tomarán las
medidas más efectivas para la protección de los menores y para que la mujer
pueda rehacer su vida en condiciones favorables.
Se impondrán órdenes de alejamiento
de oficio al mínimo señal de maltrato por parte de agentes de la autoridad o
denuncia por parte de la maltratada.
En los casos de riesgo de les
proporcionará la escolta necesaria.
Se proporcionará ayuda médica y
psicológica en los casos que se requiera.
Por otro lado, las penas por maltrato
se endurecerán.
DEFENSA Y SEGURIDAD
· España, país que está integrado en la
UE y ante la propia situación mundial de organismos internacionales como la
ONU, OTAN, etc. Las necesidades de tener un ejército con un número importante
de efectivos, no tiene sentido alguno. No obstante, no hay país medianamente
influyente en el mundo que no tenga ejército. Con lo cual, estudiaremos la
posibilidad, de que gradualmente se reduzcan fondos de las partidas de los
presupuestos para defensa. También el número de los componentes de las fuerzas
armadas hasta llegarlos a un número meramente simbólico, que permita seguir
cumpliendo con las misiones y compromisos internacionales. Así mismo, a la vez
de la reducción del presupuesto de las fuerzas armadas, crear cuerpos
necesarios para situaciones de emergencia como bomberos, equipos dedicados al
rescate, asistidos de equipos médicos de emergencia, etc.
· Las Fuerzas de Seguridad tienen
muchos cuerpos que constituyen una duplicidad. Por ello propondremos una
reducción por parte de los ayuntamientos a los efectivos mínimos necesarios de
la legislación vigente. Equipararemos los salarios de la policía local y
autonómica con los de la policía nacional, Guardia Civil y el Ejército. En
muchos casos la policía local y autonómica son meros funcionarios locales con
funciones reducidas, exclusivamente dedicadas al tráfico de la ciudad. Valoraremos
una unificación de todos los cuerpos en uno, que denominaremos “policía del estado”.
· La denominada policía del estado se especializará
para la lucha contra el delito y la seguridad de las ciudades en grupos
especialistas que controlen todas estas situaciones. Por otro lado eliminaremos
las escoltas a funcionarios y particulares, ya que muchos de ellos tienen
capacidad económica para subvencionársela con la seguridad privada pagando los
gastos de su propio bolsillo.
PRISIONES
· Proponemos reducir la población
penitenciaria en España mediante la reforma del CP. Somos el cuarto país con
una mayor población penitenciaria y en relación al número de presos por
habitante los terceros del ranking mundial. Una situación que encarece
enormemente que eleva los gastos de la administración por una serie de costes
de los presos, gastos penitenciarios y funcionarios.
· Haremos una reforma del CP que
solamente utilice las prisiones para delitos muy determinados, no olvidemos que
solamente en la provincia de Madrid hay seis centros penitenciarios.
· Lo que supone a nivel de costes
cantidades muy elevadas y que podrían ser aplicadas en materia social. Además,
habría que pensar en alternativas para personas que han delinquido, que
mediante el trabajo y su actividad, tuvieran la posibilidad de ir reparando
tanto el daño causado, como pagar las multas impuestas, etc.
· Igualmente devolver la competencia
penitenciaria al ministerio de Justicia, ya que entendemos que las funciones
del ministerio del interior, no se ajustan a la realización de esta labor, sino
que están más dentro del ministerio de justicia, como ha sido hasta el año 94.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· Eliminaríamos todos los funcionarios
designados a dedo desde partidos políticos o cargos de la administración. Quedando
reducida la capacidad de los ministros, secretarios o rangos inferiores, a
poder designar sólo a un funcionario a dedo de su confianza. Cesar a todos los
funcionarios interinos, que en la actualidad llegan a estar cercanos al 30% de
las plantillas, concretamente en justicia, jueces sustitutos, representan más
de un 20%, y cubrir estas plazas por personas que haya realizado las
oposiciones correspondientes o hayan superado los requisitos exigidos. Con lo
cual evitaríamos lo que ha sido lo habitual que cada gobierno que ha gobernado
desde la democracia. Que más del 30% de los funcionarios han sido designados
por su partido político, familiares, amigos etc. Apostaremos por una
administración pública de las personas más capaces o que han realizado las
oposiciones correspondientes, incluido que las han ganado, pero sin poder
incorporarse al no existir el puesto correspondiente. Todo esto, además
contribuye a acabar con el tráfico de
influencias y los tratos de favor, además del clientelismo.
CULTURA
· El estado tendrá la obligación de
promocionar la cultura y la propia historia de España. Apoyar a los autores hoy
vivos y también promocionarlos por parte de la educación pública. Los jóvenes y
niños serán el sector principal de las políticas culturales. Se favorecerán
exposiciones y eventos de tipo cultural. Además de otorgar becas, ayudas y
subvenciones para transmitir en el ámbito nacional, como en el exterior el
conocimiento de nuestra cultura y de nuestra historia, sea por el medio que sea
(cine, eventos, literatura, gastronomía, etc).
IMPUESTOS
· El proyecto del PSJ, respecto al tema
impositivo se basa en lo siguiente:
· En primer lugar, la política del PSJ
se centrará en el apoyo al autónomo, colectivo que no tendrá que tributar durante los dos primeros años de actividad
(Incluyendo las cotizaciones sociales).
· El plazo de creación de empresas debe
reducirse la burocracia y poder disponer de una empresa de nueva creación en un
plazo máximo de 48 Horas.
· Además de las tasas establecidas
respecto a los mayores ingresos, en sanidad y educación, elevaríamos los
impuestos a las empresas con mayor índice de ganancias proporcionalmente a
ellas. Estableceríamos como libre de
impuestos toda persona que tenga ingresos inferiores a 30.000€ anuales, sin
necesidad de realizar una declaración de la renta.
· Crearíamos una banca nacional, cuyo único accionista sería el estado español, en
la que todos los ciudadanos puedan mantener sus ahorros sin ningún coste. Para
el resto de operaciones habría que acudir a la banca comercial tradicional.
Impondríamos medidas contra el oligopolio bancario en España, con la firma de
un código de buenas prácticas que sería obligatorio (se incluirían los límites
máximos de comisiones, los interés máximos por los préstamos, lo productos que
se pueden y los que no se pueden colocar a los clientes, etc).
· El IVA lo estableceríamos, de acuerdo
a la categoría de los artículos. Libre de IVA serían los correspondientes a los
artículos básicos y de primera necesidad para el ciudadano (lácteos, pan,
pescado, carne, etc). Elevándolo gradualmente de acuerdo a la renta personal
disponible y con un IVA muy cercano al 50% para artículos y compras de lujo (artículos superiores a los 100.000€ y
viviendas superiores al millón de euros. Refiriéndonos a joyas, ropas de
marca, al sector del lujo en general. Igualmente liberalizaríamos el IVA en la
cultura, libros, teatro, etc.
· En nivel orientativo, en tema de
viajes, el IVA se corresponderá, respecto a las personas que realicen el viaje
por trabajo y los viajes de ocio.
· Igualmente, cuando en las operaciones
se acredite que son especulativas en el corto plazo (inferiores a 1 año en el
ámbito financiero-2 años en inmobiliario), el IVA se elevará en proporción a la
plusvalía, e irá directamente a las arcas del estado.
· Suprimir el IBI,
excepto para las viviendas de lujo (Superiores a un valor de 1M de euros) y a
partir de la segunda vivienda.
IMPUESTO
DE SOCIEDADES
· Exento para pymes los dos primeros
años.
· Al 6,5% para pymes.
· Al 10% para Grandes empresas.
ECONOMÍA
·
El PSJ se centrará en el equilibrio
presupuestario, en atajar los graves problemas macro de nuestra economía. En
primer lugar debemos atajar el déficit público, “un país no puede ser viable si
gasta más de lo que ingresa durante demasiado tiempo”, por eso, la deuda
pública supera el 100% del PIB. Creemos que el equilibrio presupuestario es
esencial para el control de la deuda y el mantenimiento de los servicios
públicos. Todos los países occidentales tienen deudas elevadas, precisamente
por eso, nosotros pensamos que no debemos seguir el mismo camino, debemos
adaptar el tamaño de nuestra economía a un crecimiento real y no inflado,
debemos evitar los pelotazos y las burbujas. Debemos reforzar nuestra economía
y hacerla más sólida para sortear futuras crisis.
·
En segundo lugar, al pertenecer España a la
UE, tomar las medidas necesarias para que en sectores o ámbitos de especial
importancia para la economía española, recuperar un mecanismo parecido al
principio de Luxemburgo con el cual poder recuperar parte de la soberanía
perdida frente a las instituciones de la UE. Pudiendo bloquear algunas medidas
que afecten a sectores importantes para nuestra economía, como el industrial,
el minero, el naviero o el agrícola, además de no acatar sanciones del Tribunal
Europeo, no trasponer directivas o reglamentos. La idea es parecerse a Reino
Unido en ámbito soberano.
·
En tercer lugar propondríamos celebrar
cumbres con los países Iberoamericanos para crear una cooperación económica
similar a la de los países anglosajones
con la denominada “Commonwealth”. Con esta medida incentivaríamos la
libre circulación de capitales por los países Iberoamericanos, facilitando la
inversión y aumentando la cooperación a nivel político, diplomático y
especialmente económico.
·
Por otro lado, debido a la dependencia
energética del país. Aparte de la cooperación con los países Iberoamericanos en
el ámbito energético y de materias primas. Estudiaremos la nacionalización de
empresas de interés estratégico, empresas de vital importancia para el país. No
podemos consentir lo ocurrido con empresas como Endesa, que fue desmantelada
debido a las nefastas políticas de Zapatero y la OPA de la empresa italiana
ENEL. Por ello, se realizará la nacionalización de empresas estratégicas o de
cualquier otra índole en el 51% de su capital, de forma que no se discrimine a
ningún accionista en particular y de la forma menos lesiva para el interés de
los accionistas.
POBREZA ENERGÉTICA
Para
paliar uno de los más injustos males que está sufriendo nuestra sociedad,
debido en gran parte a la falta de
sensibilidad política y la concentración de poder en los oligopolios
energéticos, el partido social de la justicia propone una serie de medidas
para luchar contra la pobreza energética.
En primer lugar, hablar sobre los contratos de adhesión, los cuales, son únicamente redactados por
una de las partes, que obligan al que se
adhiere a aceptar el contenido y las cláusulas del contrato en su totalidad.
Cláusulas que en muchos casos como en materia de servicios básicos (agua, luz, gas, combustibles) son abusivas, pues
llevan de forma innata cortar la
prestación ante el impago del consumidor, lo cual, en el propio contrato se
constituye la “mala fe” del que
presta el servicio mediante el chantaje a cambio de dinero.
El Art. 82 del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece que se
considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en
contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y
usuario, un desequilibrio importante de
los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
Por tanto, el
consumidor siempre está en desigualdad de condiciones frente a la empresa
energética, no sólo debido al
chantaje de que si no paga se le corta el suministro. Sino a la dificultad del consumidor de acceder al mismo servicio
ofrecido por otra empresa, pues el sector energético en España carece de
competencia, lo que da pie a un oligopolio en el que se pacta precio y
condiciones.
Por otro lado, en este tipo de contratos, el consumidor siempre se somete a la
voluntad del empresario, perdiendo los consumidores y usuarios derechos al
quedar limitados. En la mayoría de casos actuales, se requiere la domiciliación bancaria de los recibos, con lo cual
el consumidor sufre regularmente abusos por parte de las operadoras de energía
en su cuenta bancario, cantidades desproporcionadas de más, errores en cobros,
garantías desproporcionadas y demás quebraderos de cabeza para el consumidor
como los teléfonos 902 y departamentos de atención al cliente ineficaces.
Las consecuencias son, que gran parte de la sociedad
española sufre cada mes al pagar sus facturas, y lo que es más grave, que mucha gente tiene que dar de baja servicios
que son básicos para desempeñar su vida cotidiana y la más elemental libertad.
Dando lugar a que la pobreza energética esté en auge.
En la práctica, las
medidas legales que puede tomar el consumidor son reducidas. En
primer lugar las cláusulas abusivas son
nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el
Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas
abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo
obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir
sin dichas cláusulas, que en la mayoría de casos no es posible y habría que
ceñirse a declarar la nulidad del contrato completo.
Pueden devolver los recibos con los costes pertinentes,
sufrir el corte de suministro hasta que la jurisdicción actúe, denunciar ante
consumo, con la baja efectividad que puede tener. Es innegable que la seguridad jurídica de las empresas y del propio
país hay que garantizarla, por ello sólo se puede garantizar la energía
gratuita a quién demuestre que tiene la necesidad.
Únicamente sólo hay dos
medidas posibles, ambas compatibles, la primera, que se supriman esta clase de contratos abusivos contra el ciudadano
estableciendo la igualdad de partes y la libertad para negociar. En segundo
lugar, establecer, que siempre que se
pueda justificar la necesidad por parte del consumidor, que la empresa
energética no pueda cortar el suministro, pues los combustibles fósiles,
como los hidrocarburos, el gas, el agua, no deberían ser posesión de ninguna
empresa privada, ya que son recursos naturales de todos.
Las empresas energéticas deben dejar de crear fundaciones
de pega y hacer campañas de publicidad para tener buena imagen, lo que tienen que hacer es ayudar a la
gente que lo pasa mal, a los que no pueden pagar los servicios más elementales.
PROSTITUCIÓN
El partido social de la justicia entiende el grave
problema que existe en España en lo referente a la trata de blancas, en la que
estudios señalan que el 80% de las mujeres que la ejercen, lo hacen en contra
de su voluntad. En España hay aproximadamente 1500 locales en las que son
explotadas sexualmente de 10 a 50 mujeres por local. El Partido Social de la
Justicia legalizará la prostitución
tanto del hombre como de la mujer, de modo que tendrán los mismos derechos que
un trabajador autónomo: alta en la seguridad social, jubilación, derecho
sindical, vacaciones. Se establecerá un registro obligatorio para todas las
personas que quieran dedicarse a esta actividad, cada tres meses deberán pasar
una serie de pruebas médicas por medio de la seguridad social que certifiquen
la ausencia de enfermedades de
transmisión sexual, Por ello se expedirá un carnet obligatorio que se deberá
mantener en vigor para desarrollar dicha actividad y poder acceder a los derechos
dentro de este régimen.
Por otro lado se
perseguirá el lucro económico por parte de terceros endureciendo las penas de
cárcel y con una mayor actividad policial que se centrará en desmontar
organizaciones, redes y mafias que desarrollen esta actividad. En especial la
actividad denominada “trata de blancas” en la que una persona ejerza la
prostitución en contra de su voluntad, será considerada por parte de la
administración de justicia española como un “delito contra la dignidad humana”
una nueva categoría delictiva que se incluirá en el código penal cuyas penas
pueden ir de 20 años a 35 dependiendo de la participación y gravedad.
CANNABIS
Se legalizará el cannabis siempre que sea a efectos de
plantaciones exclusivamente para consumo propio o familiar. En ningún caso se
permitirán las plantaciones industriales, ni la alteración de dichas sustancias
cuando pongan en peligro la salud pública.
LIBERTAD
DE CULTO EN CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y PÚBLICOS
Los centros educativos privados tendrán libertad de culto
absoluta absoluta. Consideramos que los padres que llevan a sus hijos a dichos
centros desean que sus hijos se eduquen en la religión que profesa el centro
educativo, no dañando en ningún caso su voluntad y libertad de elección.
En los centros públicos la religión de cualquier culto
será optativa. Por parte del Ministerio de Educación será obligatorio disponer
de los medios necesarios cuando haya en el centro educativo un 25% de los
alumnos de su totalidad que soliciten recibir clases de una religión concreta,
entendiendo que la población española es mayoritariamente católica.
En todo caso la asignatura será optativa y nunca sería un
impedimento para superar un curso, pues dicha asignatura no se calificaría.
PROHIBICIÓN
DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES POR MULTAS DE APARCAMIENTO
Debido a la falta de eficacia de los recursos
administrativos respecto a las multas, el afán recaudador de los ayuntamientos,
y en definitiva el desamparo en la defensa de los legítimos derechos de todo
ciudadano, principalmente el del patrimonio; entendemos que todo ciudadano que
sea sancionado por parte de cualquier administración o ayuntamiento con una
sanción económica por estacionar vehículos de motor en los lugares habilitados
para ello (entendiendo como “lugares habilitados” las tradiciones líneas azules
y verdes) tendrá el derecho a recurrir dicha sanción mediante un procedimiento en
el que se otorgue audiencia y se valore su situación económica. Por otro lado
será ilegal por parte de cualquier administración proceder a una prelación de
bienes, embargo de cuentas corrientes o cualquier activo o derecho de carácter
patrimonial si no es por causa justificada y siempre que sea dictada por una
resolución judicial como resultado de un proceso con todas las garantías.
DESIGNACIÓN
A DEDO DE LOS FUNCIONARIOS
La designación
a dedo de cualquier integrante de la administración o trabajador que tenga el estatus de
“funcionario público” quedará totalmente prohibida. En los casos en los que se
demuestre que haya podido una infracción o fraude en una oposición pública será
un delito con pena de cárcel al violar la igualdad de condiciones de todos los
posibles candidatos. Será causa agravante en las penas privativas de libertad
los casos en los que hubiera habido complicidades de tipo económico, familiar o
de amistad.
NACIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO
La
nacionalización de empresas se realizará en los casos que el interés público
sirva como garantía en la medida que garanticen el derecho no solo de acceso
sino completo a los denominados servicios básicos (Agua, Luz, Gas y algunos
Alimentos básicos).
Nacionalización
se realizará a precio de mercado o ofreciendo una cantidad superior, única y
exclusivamente sobre el 51% de las acciones, de la forma menos lesiva y sin
discriminar a ningún antiguo accionista de la compañía.
DEROGACIÓN
DE LA LEY D’HONT
Se tendrán en
cuenta las candidaturas con menos de un 3% de los votos y se creará un sistema
de representación proporcional, en la que cada voto cuente por igual.
COMISIÓNES DE CONTROL
EN PRISIONES
Se crearía una
comisión formada por jueces, representantes de las familias de los presos y
representantes de instituciones penitenciarias para el control del dinero que
los presupuestos del estado tienen destinados a cada preso en vez de la bazofia
que reciben actualmente.
LOS PRESOS
SOLO ESTÁN PRIVADOS DE LIBERTAD.
